Existen algunas modalidades de delitos que, aun cuando tienen una
sustantividad propia y un desvalor inherente a la acción que integra sus
elementos típicos objetivos y subjetivos, con la imposición de una pena por su
sola materialización, la virtualidad de tales injustos es la de encontrarse
habitualmente asociados a la comisión de otros delitos, siendo éstos últimos
los que fundamentan la razón de ser de aquéllos que se han ejecutado como un
medio para llegar a la perpetración de los que originariamente se plantearon o
planificaron por su autor.
Dentro de estos delitos
que se pueden denominar instrumentales se encuentra el delito de falsedad
documental, que es el ejemplo más claro de esta instrumentalidad delictiva. Es
evidente que el autor responsable de un delito de falsedad documental no
pretende realizar ese injusto típico como un fin en sí mismo, sino que, de
forma general, se enmarca en un iter
criminis en el que la falsificación siempre obedece a un objetivo, a una
razón de fondo también delictiva y habitualmente más grave en su resultado que
el de la propia falsificación.
El Código Penal
contempla este delito de falsedad documental en el Capítulo II del Título XVIII
de su Libro II, artículos 390 a 399. El primero de los preceptos mencionados
describe las diferentes modalidades o formas que puede adoptar la
falsificación, y resulta ilustrativo con independencia del tipo de documento
que sea falsificado, ya sea público o privado, pues estando previsto para los
documentos públicos, estas formas aparecen también en los documentos privados,
con remisión expresa en la norma penal a estas modalidades:
“1. Será castigado con las penas
de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e
inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
1.º Alterando un documento en
alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2.º Simulando un documento en
todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
3.º Suponiendo en un acto la
intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han
intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que
hubieran hecho.
4.º Faltando a la verdad en la
narración de los hechos”.
Así, el autor de una
falsificación en una factura privada o en un documento contable oficial (por
ejemplo, mediante la alteración de las cifras dinerarias originariamente
dispuestas; o bien mediante la elaboración de un impreso con apariencia de ser
oficial sin serlo; o en su caso, mediante la inclusión de intervinientes que no
lo han sido o que, aun habiendo intervenido han manifestado su voluntad
contraria a la expedición del documento y no obstante en el mismo se dispone
que estas personas sí están conformes con su contenido) en efecto introduce en
el tráfico ese documento falsificado para obtener un beneficio propio o ajeno
mediante un engaño que supone el desplazamiento del patrimonio de la víctima
hacia el suyo propio dando lugar al delito de estafa (si el dinero es privado)
o incluso a un delito de malversación de caudales públicos o de fraude de
subvenciones (si el perjudicado es una Administración Pública, tratándose de
dinero público).
En tales casos surge el concurso de delitos, habitualmente de
carácter medial o en su caso ideal, en el que el camino viene marcado
por la falsedad documental que se ejecuta para un fin preciso.
Por ello, dada la
naturaleza y teleología expuesta de este delito de falsedad documental, habría
de examinarse en cualquier tipo de proceso penal en el que surjan indicios de su
comisión, la habitual y lógica existencia de una realidad mucho más grave y
ominosa, sin cerrar el paso a una investigación profunda y no limitada a la
superficie.
Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
