Mil años de un texto jurídico esencial: el Fuero de León

En el ya cercano año 2.017 tendrá lugar un nuevo hito para la Historia del Derecho de España, pues se cumplirán mil años de la aprobación de la que se considera la primera recopilación de fueros existente en la Península Ibérica, el Fuero de León de 1.017.

Este compendio normativo fue obra del rey leonés Alfonso V, quien convocó en la catedral un concilio para su aprobación. El Fuero de León, posteriormente copiado en otras recopilaciones aplicables a diferentes territorios, contenía 48 preceptos, de los cuales 20 regirían en la integridad del territorio del antiguo Reino, siendo los restantes una serie de disposiciones aplicables de modo exclusivo a la capital.  

Las primeras 20 normas, vigentes para todo el Reino, revelan una concepción del Derecho que trasciende las penumbras medievales, adentrándose en la modernidad. En efecto, entre lo estipulado se observa el interés por mantener el ejercicio y aplicación de la justicia de un modo independiente, diferenciando este poder de los otros; asimismo, se contemplaron las primeras garantías procesales; fue un texto pionero al tratar de separar Iglesia y Estado en plena Alta Edad Media; albergó el reconocimiento de la protección de la persona y los bienes de los habitantes del Reino; y contempló por primera vez los derechos de la mujer, en el ámbito del matrimonio y en materia hereditaria.

El resto de normas, que como se ha adelantado tenían por objeto exclusivo la actividad de la capital leonesa, pueden ser consideradas la matriz del moderno Derecho Local, pues en ellas se advierte una pormenorizada regulación de la vida de la ciudad, a nivel comercial y político, reconociéndose, entre otros, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. A partir de este conjunto normativo se ha considerado que León fue la primera urbe medieval de Europa, en términos jurídicos, es decir, fehacientes y eficaces, con plasmación documental.

Atendiendo a todo lo referido, es incuestionable la importancia que León ha tenido para el Derecho, tanto mediante el Fuero de 1.017 como con las posteriores Cortes celebradas en la Basílica de San Isidoro en 1.188 (a las que me he referido en un anterior artículo) acontecimientos ambos que posicionan a León en la vanguardia de la Historia jurídica de España, al ser el origen, como manifiestan muchos autores, de la plasmación y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y establecer los firmes pilares del parlamentarismo. En definitiva, un destello de progreso que comenzó a quebrantar los muros inexpugnables de una etapa oscura.

Catedral de León

Enlace a la tribuna de opinión publicada en Ileón: https://www.ileon.com/actualidad/069598/mil-anos-de-un-texto-juridico-esencial-el-fuero-de-leon

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid 

y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

La especial protección del profesor y del sanitario: sujetos pasivos del delito de atentado

La actividad desarrollada por los profesionales de la docencia y de la sanidad esta normativamente contemplada atendiendo a la realidad práctica de su ejercicio, no exenta de situaciones conflictivas y además frecuentes, dada la naturaleza de los ámbitos en que se desenvuelve.

Docentes y personal sanitario se ven en múltiples ocasiones inmersos en situaciones de conflicto que posteriormente determinan la incoación de un procedimiento penal. Dentro de las causas que con frecuencia se abren, destacan aquellas en las que un profesor o bien un médico o enfermero son víctimas de agresiones físicas.

En tales casos, la legislación ha querido imbuir a estos profesionales de una impronta que cualifique o agrave el hecho típico. Con los precedentes en el ámbito normativo de las diferentes leyes territoriales de Sanidad y de Autoridad del Profesorado, el Código Penal ha acogido una necesaria previsión, que ya contaba con antecedentes jurisprudenciales, y que en efecto viene a atribuir a estos profesionales una superior condición en el ejercicio de sus funciones.

Así, la reforma operada en el Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, incluye la siguiente previsión en su artículo 550:

"1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2.  Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos".

La introducción, de forma expresa, de la mención a los funcionarios docentes o sanitarios en el artículo determina que el tipo penal del atentado a la autoridad se extienda también a estos sujetos pasivos, de modo que todo acto de agresión hacia ellos que tuviera su encaje en el tipo de lesiones, a partir de aquellos hechos posteriores a la entrada en vigor de la reforma, deberán ser correctamente encuadrados en el delito de atentado, que contempla una penalidad mayor que las lesiones en un sentido estricto, y cuenta también con un subtipo cualificado, en el caso de realizar la acción típica con armas o vehículos.

Por ello, esta previsión en el Código Penal atiende tanto a la consideración de que el bien jurídico protegido no sólo se limita a la integridad física de la víctima, sino a la función que ésta desempeña y por la cual o en cuyo ejercicio (la prestación de un servicio público) resulta agredida, como también a una cuestión de política criminal, pues el legislador trata de disuadir o de evitar la perpetración de un delito estadísticamente elevado en su ejecución.

Ante la referida reforma, resulta obligado solicitar como cuestión previa en aquellos procedimientos que se tramiten por los cauces del Juicio por Delito Leve de lesiones (siempre y cuando los hechos sean posteriores a la introducción de los cambios en el precepto) su necesaria transformación en Diligencias Previas, iter procesal adecuado para atender a la gravedad de la acción antijurídica desarrollada.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

Cuando el proceso falla de modo irresoluble: el incidente de nulidad de actuaciones

En ocasiones las partes que ejercitan sus acciones en el marco del procedimiento se pueden encontrar ante circunstancias anómalas que determinen la directa conculcación de sus más elementales derechos derivados, en efecto, de su misma condición de parte y reconocidos en la legislación procesal y sustantiva.

Ante tales situaciones, frente a las que no resulta posible ejercitar el derecho al recurso, o bien porque precisamente se haya cercenado la posibilidad de acudir a otras instancias, declarando la firmeza de una resolución que no lo es en Derecho (la casuística es amplísima) la legislación procesal ha dispuesto un mecanismo, excepcional por su entidad y gravedad, pero en todo caso regulado y de plena aplicabilidad práctica, denominado incidente de nulidad de actuaciones.

La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla este incidente en sus artículos 238 a 243, y la Ley de Enjuiciamiento Civil lo recoge en sus artículos 225 a 231. Corresponde aquí exponer las características más importantes del incidente de nulidad de actuaciones, que ha dado lugar, más allá de las notas de procedimiento y fondo que van a referirse, a vivos debates doctrinales y jurisprudenciales.

1. Se trata de un incidente excepcional, es decir, sólo se puede interponer a modo de última arma procesal y siempre que la resolución judicial sea firme, lo que significa que frente a ella no pueden caber recursos de ningún tipo, ni ordinario ni extraordinario, habiéndose agotado todos ellos o bien porque la resolución judicial no los admita.

2. La Ley dispone un plazo de 20 días para interponerlo, desde la notificación de la resolución firme o desde que se tuvo conocimiento del vicio de nulidad, sin que en tal caso hayan transcurrido más de cinco años. Este plazo se condiciona a dos extremos, en parte ya referidos: a) la firmeza de la resolución (esto es, que no quepa ya recurso frente a ella) y b) que el vicio que ahora se esgrime como determinante de la nulidad no pudo haberse invocado ante el Juzgado antes de que dictase la resolución que se impugna (lo que significa que quien solicita la nulidad de actuaciones ha tomado noticia del vicio en el momento en el que recibe la notificación de la resolución firme, no antes).

3. Las causas de nulidad son tasadas, y reconducibles a la vulneración de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva (no en vano el planteamiento de este incidente de nulidad de actuaciones y su resolución son la antesala del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional). El artículo 238 LOPJ las contempla, y han de ser expresamente invocadas en el escrito:

“Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

1.º Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.

2.º Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.

3.º Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.

4.º Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva.

5.º Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial.

6.º En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan”.

4. La tramitación del incidente de nulidad de actuaciones, que corresponde al mismo Juzgado que ha dictado la resolución viciada, no tiene, con carácter general, efecto suspensivo de la referida resolución, y tras efectuar el traslado oportuno al resto de partes, si se ha admitido el incidente al cumplirse los anteriores requisitos, se dictará una resolución estimando la nulidad, con retroacción al momento procesal en el que se produjo el vicio, si bien manteniendo un principio de conservación de aquellos actos procesales no vinculados a la causa de nulidad (es decir, se recorta el proceso de una forma limitada, de modo que se depuran aquellos trámites viciosos manteniendo lo demás, si resulta posible y en tanto la nulidad no arrastre por su relevancia o causalidad a todos los actos posteriores) o bien se resuelve la nulidad interesada de forma desestimatoria, con condena en costas al proponente y multa si el incidente se ha planteado con manifiesta temeridad.

En definitiva, la Ley ha dispuesto un instrumento para garantizar la regularidad de los trámites procesales en aquellos casos en los que su omisión o conculcación no puede reestablecerse de una forma normal, y con ello se contempla un incidente tan excepcional como las circunstancias que lo motivan, reservado a auténticas situaciones de atropello a los fundamentos que sustentan el Derecho Constitucional Procesal.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

La falsedad documental como instrumento o medio del delito

Existen algunas modalidades de delitos que, aun cuando tienen una sustantividad propia y un desvalor inherente a la acción que integra sus elementos típicos objetivos y subjetivos, con la imposición de una pena por su sola materialización, la virtualidad de tales injustos es la de encontrarse habitualmente asociados a la comisión de otros delitos, siendo éstos últimos los que fundamentan la razón de ser de aquéllos que se han ejecutado como un medio para llegar a la perpetración de los que originariamente se plantearon o planificaron por su autor.

Dentro de estos delitos que se pueden denominar instrumentales se encuentra el delito de falsedad documental, que es el ejemplo más claro de esta instrumentalidad delictiva. Es evidente que el autor responsable de un delito de falsedad documental no pretende realizar ese injusto típico como un fin en sí mismo, sino que, de forma general, se enmarca en un iter criminis en el que la falsificación siempre obedece a un objetivo, a una razón de fondo también delictiva y habitualmente más grave en su resultado que el de la propia falsificación.

El Código Penal contempla este delito de falsedad documental en el Capítulo II del Título XVIII de su Libro II, artículos 390 a 399. El primero de los preceptos mencionados describe las diferentes modalidades o formas que puede adoptar la falsificación, y resulta ilustrativo con independencia del tipo de documento que sea falsificado, ya sea público o privado, pues estando previsto para los documentos públicos, estas formas aparecen también en los documentos privados, con remisión expresa en la norma penal a estas modalidades:

“1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos”.

  

Así, el autor de una falsificación en una factura privada o en un documento contable oficial (por ejemplo, mediante la alteración de las cifras dinerarias originariamente dispuestas; o bien mediante la elaboración de un impreso con apariencia de ser oficial sin serlo; o en su caso, mediante la inclusión de intervinientes que no lo han sido o que, aun habiendo intervenido han manifestado su voluntad contraria a la expedición del documento y no obstante en el mismo se dispone que estas personas sí están conformes con su contenido) en efecto introduce en el tráfico ese documento falsificado para obtener un beneficio propio o ajeno mediante un engaño que supone el desplazamiento del patrimonio de la víctima hacia el suyo propio dando lugar al delito de estafa (si el dinero es privado) o incluso a un delito de malversación de caudales públicos o de fraude de subvenciones (si el perjudicado es una Administración Pública, tratándose de dinero público).

En tales casos surge el concurso de delitos, habitualmente de carácter medial o en su caso ideal, en el que el camino viene marcado por la falsedad documental que se ejecuta para un fin preciso.

Por ello, dada la naturaleza y teleología expuesta de este delito de falsedad documental, habría de examinarse en cualquier tipo de proceso penal en el que surjan indicios de su comisión, la habitual y lógica existencia de una realidad mucho más grave y ominosa, sin cerrar el paso a una investigación profunda y no limitada a la superficie.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

La represión de la usura: D. Gumersindo de Azcárate, León y el Derecho

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales."

El texto anteriormente reproducido, de una actualidad patente, se inserta en la Ley de Represión de la Usura, de 23 de julio de 1.908. Se trata de una de las normas jurídicas más antiguas del Derecho español y vigente al día de la fecha, siendo mantenida su eficacia por las sucesivas normas sustantivas y procesales, pues la realidad social contemplada en ella no ha quedado anclada en el pasado, sino que, muy por el contrario, resulta ser el reflejo de las circunstancias económicas y jurídicas del presente, en el que la falta de recursos derivada de la crisis económica ha conllevado a que muchas personas se vinculen en fórmulas contractuales, reales o personales, inasumibles. El término leonino de aquel entonces es el abusivo o injusto de hoy. La Ley de Represión de la Usura trató, y trata en la actualidad, de evitar que las situaciones de precariedad económica se vuelvan cíclicas, pues la imposibilidad de pagar los intereses desproporcionados de un préstamo no produce sino una situación de crisis perpetua.

D. Gumersindo de Azcárate en las inmediaciones del Congreso

El autor de este texto legal es un insigne leonés, Don Gumersindo de Azcárate (León, 1.840 – Madrid, 1.917), Letrado de la Dirección General de los Registros, catedrático, diputado en Cortes por León, filósofo y académico de la Historia.

La llamada Ley Azcárate es la expresión, en el Derecho, del pensamiento de esta importante personalidad, que tuvo una dimensión decisiva en la creación de la Institución Libre de Enseñanza, cuna de la modernización de todas las ramas del saber, y de una trascendencia y repercusión para la cultura fundamental en la Historia de España.  Buena parte de la impronta de la Institución de la que D. Gumersindo de Azcárate fue uno de sus artífices ha quedado en la Fundación Sierra-Pambley, radicada en León,  con su Biblioteca Azcárate como recuerdo imperecedero de la polifacética obra de un leonés adelantado a su tiempo y orgullo para todos los juristas e intelectuales de España.

Fundación Sierra-Pambley y catedral de León

Enlace a la tribuna de opinión publicada en Ileón: https://www.ileon.com/actualidad/071235/la-represion-de-la-usura-don-gumersindo-de-azcarate-leon-y-el-derecho

Diego García Paz es Letrada Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

El camino cortado de la impugnación de los autos civiles mediante recurso extraordinario

Una de las resoluciones que pueden dictarse en el ámbito jurisdiccional civil es aquella que, a diferencia de la Sentencia, reviste la forma de Auto. Se trata de un tipo de resolución que da respuesta a cuestiones más de carácter formal o procesal que de fondo, especialmente en el ámbito de la decisión sobre la competencia de los Juzgados y Tribunales para conocer y sustanciar los procedimientos.

A día de hoy existe una situación procesal muy peculiar en el campo de los recursos, generadora incluso de un cierto estupor, y es que un Auto en materia civil que sea dictado en la segunda instancia por las Audiencias Provinciales es irrecurrible, sin posibilidad de acudir extraordinariamente ante un último Tribunal, y ello sólo como consecuencia de un estado transitorio que no ha sido resuelto desde hace años.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2.000, establece en su artículo 468 que: “Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, como Salas de lo Civil, de los recursos por infracción procesal contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia”.

Así, aunque el precepto parece habilitar el acceso a una instancia judicial superior respecto de Autos de las Audiencias Provinciales que se recurran vía infracción procesal, la Disposición Final Decimosexta de la misma norma recoge lo siguiente: “1. En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el artículo 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477”. Es decir, que mientras los Tribunales Superiores de Justicia no reciban esa competencia de modo expreso, sólo las Sentencias (que son las únicas resoluciones susceptibles de casación conforme al artículo 477) podrán acceder al recurso extraordinario. Y todo ello se remata con el contenido del apartado segundo de la misma Disposición Final: “En tanto las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia carezcan de competencia para conocer, con carácter general, de los recursos extraordinarios por infracción procesal, no serán de aplicación los artículos 466, 468 y 472, así como los artículos 488 a 493 y el apartado cuarto del artículo 476”. La Ley Orgánica del Poder Judicial, texto normativo en el que se recogen las atribuciones de los Juzgados y Tribunales, no ha sido reformada al efecto de conferir a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, camino para que los Autos de las Audiencias Provinciales puedan ser revisados por una última instancia.

Por todo ello, y como consecuencia de una imprevisión normativa dilatada durante años, se quebrantan principios esenciales como la seguridad jurídica y el derecho al recurso extraordinario, siendo posible que puedan producirse situaciones no ajustadas a Derecho en virtud de un Auto frente al que de facto no quepa recurso alguno, y sólo por no haber dado cumplimiento a una necesaria reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, produciéndose un auténtico vacío legal en estos casos, respecto de los que quizá tan sólo sería posible acudir al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo mientras la Ley Orgánica no sea modificada.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

Investigado/Procesado/Acusado/Condenado: ¿en qué se diferencian?

A lo largo de la tramitación del proceso penal el sujeto activo de un hecho, cuya antijuridicidad se valora e investiga, atraviesa una serie de estados diferentes que es preciso deslindar, pues no es infrecuente equiparar situaciones procesales que guardan entre sí una distancia conceptual relevante.

1. Investigado: este término se refiere a la persona respecto de la que existen, de modo muy inicial e incipiente, indicios de formar parte de la realización de un hecho ilícito. Su declaración abre el conjunto de diligencias que se practican en una instrucción o investigación penal y es fundamental y necesaria en el proceso, ya sea por los trámites del sumario ordinario o diligencias previas, atendiendo a la penalidad o gravedad de los posibles delitos. Se trata de una situación procesal revestida de garantías, pues el investigado ha de declarar sobre los hechos con asistencia de abogado y puede guardar silencio o contestar a todas o algunas de las preguntas que se le formulen. Su situación no es equiparable en absoluto a la de un testigo. El testigo no es parte en el proceso penal, sino una diligencia o prueba en sí mismo y tiene la obligación legal de decir siempre la verdad. El término investigado ha venido a sustituir al de imputado, tratándose exactamente de la misma figura, a la que con su nueva denominación se ha tratado de despojarla de una impronta extrajurídica peyorativa por la que se tendía a equiparar al imputado con el condenado, socavando la presunción de inocencia.

2. Procesado: el procesado es aquella persona respecto de la cual existen indicios derivados de la investigación claros, plurales, concomitantes y firmes, que apuntan a su responsabilidad en los hechos, no siendo preciso realizar más actuaciones de investigación o diligencias. Adquiere esta condición a través de una resolución judicial expresa en forma de Auto (llamado de procesamiento). El Auto de procesamiento es propio del sumario ordinario, y en el procedimiento abreviado este Auto se sustituye por dos resoluciones sucesivas: el Auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado y el Auto de apertura de Juicio Oral.

3. Acusado: aquella persona procesada respecto de la que se formula acusación expresa y concreta. Es decir, una vez que el Juzgado dicta los Autos correspondientes, da traslado a las acusaciones (Ministerio Fiscal, Acusación particular y popular en su caso) para que se pronuncien por escrito sobre los hechos, su incardinación en un tipo penal, la autoría, las circunstancias atenuantes o agravantes y la pena, así como la responsabilidad civil. Si las acusaciones no formulan acusación expresa y específica respecto de una persona procesada, o bien la excluyen de su acusación, la causa se archiva para ella, pues el Juzgado no puede acusar por sí mismo y tal persona no acusada no puede entrar en Juicio.

4. Condenado: es aquella persona acusada respecto de la que en el acto del Juicio los indicios existentes en la investigación se confirman por medio de la prueba, practicada en presencia y bajo la inmediación judicial y a propuesta de las acusaciones. Así, los indicios de la investigación se convierten en hechos probados y el condenado surge mediante una Sentencia que pone fin al enjuiciamiento y atribuye, de forma motivada, los hechos a la persona acusada, imponiéndole las penas solicitadas. El condenado es aquella persona respecto de la que se ha desvirtuado en Juicio su presunción de inocencia, al no existir meros indicios, sino constancia objetiva, de su intervención en un hecho criminal.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

La Administración Pública y su fuero territorial en el proceso civil

Los procedimientos judiciales que hayan de sustanciarse atendiendo a las normas del proceso civil y en los que sea parte una Administración Pública, ya sea como como demandante o como demandada, al haber intervenido no como potentior persona, esto es, en el ejercicio de las llamadas potestades administrativas, sino como un particular, en una situación o negocio jurídico de carácter privado, se caracterizan por una nota muy importante y a tener en cuenta en el caso de litigar con una Administración: su fuero territorial específico en la capital de la provincia.

De este modo, toda demanda que se interponga frente a una Administración Pública (o que ésta presente) lo será en los Juzgados Civiles de la capital de la provincia. Así se contempla en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, cuyo artículo 15 establece:

“Para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean parte el Estado, los Organismos públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los juicios universales ni a los interdictos de obra ruinosa”.

Se trata de una especialidad de la Administración Pública en sede jurisdiccional civil cuyo alcance no se limita al Estado, pues las demás Administraciones prevén en sus normas, bien de forma directa o por remisión al artículo referido, la misma regla de fuero territorial. Se trata de una norma procesal imperativa y preferente, pues vence a cualquier otro criterio territorial que quiera alegarse, con las dos únicas excepciones también mencionadas en el precepto.

Es relevante tener noticia de este extremo, pues los Juzgados, de oficio o por sí mismos, pueden examinar su competencia en el caso de que adviertan que la demanda frente a la Administración se ha interpuesto en su Partido Judicial (que no es de la capital de la provincia) e inhibirse de forma directa, tras dar un trámite para alegaciones. Y además existe la posibilidad de que la Administración, al ser emplazada para contestar, presente la denominada declinatoria, como primera actuación, y por la cual expone al Juzgado, en el caso de que éste no lo haya advertido per se, que no resulta competente para conocer de ese proceso, atendiendo al fuero territorial exclusivo y excluyente de la capital de la provincia. Así, el Juzgado resolverá por Auto su inhibición por no resultar competente territorialmente, y puede imponer las costas causadas a la parte que haya presentado la demanda en el lugar incorrecto, por lo que, a efectos tanto económicos como de celeridad y eficacia procesales, es fundamental atender y cumplir con esta esencial norma del proceso civil.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

La defensa del menor desamparado por la Administración Pública

La situación vital de muchos menores, respecto de los que no existe un adecuado desempeño de los deberes inherentes a la patria potestad, o bien se hallan en un estado de grave riesgo vital y emocional, impone la necesidad de que las Administraciones Públicas intervengan para salvaguardar su vida y salud, tratando de proporcionales un entorno en el que se puedan desarrollar feliz y plenamente.

El paso previo a esta intervención administrativa se encuentra en la declaración formal de desamparo del menor, una vez acreditadas las circunstancias personales y familiares que la habilitan, de conformidad con los artículos 172 y concordantes del Código Civil. El apartado primero del precepto referido expresa:

“Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean en interés de éste.

La Entidad Pública y el Ministerio Fiscal podrán promover, si procediere, la privación de la patria potestad y la remoción de la tutela”.

Una vez concurre la anterior declaración, la Administración Pública asume una función de protección institucional del menor, comenzando una acción coordinada entre el Ente Público que vela por los intereses del menor, el Ministerio Fiscal y los Jueces y Tribunales. Sin ánimo exhaustivo, para el desarrollo de esta protección institucional, la Administración puede asumir una medida de guarda del menor, mediante su ingreso en un Centro que dependa de la misma o se encuentre concertado con ella, en el que el menor permanece y al que se le destina según su particular estado (acogimiento residencial) o bien mediante su asignación a una familia de acogida (acogimiento familiar) que puede conllevar, en el caso de configurarse como preadoptivo, a la adopción del menor por su familia de acogida, siempre que se acredite el correcto desempeño de esta familia en sus funciones como acogedora y se cumplan los requisitos legalmente dispuestos para formalizar la adopción.

Así pues, la legislación civil primordial contempla los diferentes mecanismos de protección de los menores, que son objeto de desarrollo complementario en cada una de las leyes sobre Infancia y Adolescencia. Es ésta una materia jurídica en la que se denota la mayor vinculación entre el Derecho y los principios éticos, o bien entre el Derecho Positivo y el llamado Derecho Natural, ya que su existencia responde a la finalidad de proteger a los seres más indefensos ante la vida, tratando de paliar aquellos perjuicios que ya se les puedan haber causado e intentar reorientar sus circunstancias para que, llegada la mayoría de edad, puedan tener una esperanza de futuro. En definitiva, este conjunto de normas jurídicas positiviza el Principio General del Derecho del superior interés del menor, constituyendo su aplicación práctica una de las facetas del quehacer jurídico de mayor sensibilidad, pero también muy satisfactoria y hermosa, pues, a través de su ejercicio, se es partícipe de la defensa y protección de quienes no pueden defenderse, de los menores.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

Decálogo de los Decreta de Alfonso IX de León

1. Si el delator no pudiera probar en la Curia la delación que presenta, sufra la pena que debería sufrir el delatado. (precedente del delito de denuncia falsa)

2. Todo ciudadano tendrá obligación y derecho de resolver los conflictos por medio de justicias, quienes aplicarán el derecho con prontitud e imparcialidad en el plazo de tres días (fin de la venganza e implantación de la heterotutela. Necesidad de una justicia ágil. Novedades normativas).

3. Nadie ocupará violentamente cosa alguna, mueble o inmueble, que estuviere en posesión de otro. (Delito de robo)

4. Ni rey, ni jueces ni otro alguno del reino podrá embargar como prenda el Ganado, las tierras o útiles de trabajo (límites a la ejecución).

5. Nadie tomará prenda con violencia, y nunca sino por medio de justicias o alcaldes nombrados por el rey (toda garantía real constituida por ley y de acuerdo a un procedimiento).

6. Ninguno en el reino podrá atentar contra la propiedad ajena, ni violará el domicilio ni la correspondencia de otro (protección de derechos fundamentales).

7. Se protegerá a los débiles del reino contra los abusos de los estamentos superiores o no (primera manifestación de la lucha contra la opresión y la corrupción).

8. Por mandato real se crea la figura del procurador, quien representará a los ciudadanos elegidos por cada ciudad ante el rey, y del pesquisidor, quien investigará los hechos de las delaciones y probará la verdad ante el juez (representatividad pública: precedente de los diputados en Cortes; antecesor del Fiscal).

9. El rey no hará la Guerra ni la paz sin reunir a las Cortes, por cuyo consejo debe guiarse (antecedente del Ius ad bellum y de las relaciones entre los poderes para adoptar esta decisión).

10. El rey respetará las costumbres y las leyes establecidas por sus predecesores, obrando en adelante conforme a ellas. (Principio de legalidad, de sumisión a la ley, una e igual para todos. Respeto a las fuentes del Derecho. Tradición y modernidad).

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Acusación particular y acusación popular

La personación en un proceso penal desde una posición activa, esto es, en el ejercicio de una acción penal derivada del delito, puede ser realizada desde dos tipos diversos de acusación.

La acusación particular es la que corresponde a aquella parte que acredita, de forma plena, su condición de perjudicada directa por los hechos objeto de investigación judicial. Así, resulta imprescindible, al efecto de realizar esta personación, fundamentar de modo fehaciente que se ha producido un daño en un bien jurídico propio y exclusivo de quien interesa la personación como consecuencia de la materialización del delito. Así se expresa la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), para la que las condiciones de perjudicado y de acusador particular se hallan imbricadas (artículo 110 LECrim.). Existe un plazo para interesar la personación, en todo caso, antes del trámite de calificación del delito. Si el daño resulta evidente para el Juzgado, éste mismo realizará un ofrecimiento de acciones al perjudicado, invitándole a personarse en la causa. En otras ocasiones, corresponde al propio perjudicado acreditar esta condición ante el Juzgado, pues no siempre se realiza en la práctica este ofrecimiento de acciones. El perjudicado, además, puede optar por ejercitar de forma conjunta la acción penal y la acción civil derivada del delito (para exigir una indemnización por los hechos), o bien ejercitar únicamente la acción civil ex delicto, denominándose actor civil a la parte perjudicada que ejercita sólo esta acción indemnizatoria.

La acusación popular se diferencia de la anterior en que la razón de su personación en el procedimiento no obedece a un daño que se le cause directamente, sino que viene a representar un interés, susceptible de amparo jurisdiccional, pero siempre difuso, es decir, no posible de ser circunscrito a un sola persona, sino a bienes jurídicos o principios de alcance supraindividual o de interés general. La LECrim. habilita el ejercicio de este tipo de personación acusatoria al disponer que la acción penal es pública (artículo 101). Ha sido y es objeto de discusión si la acusación popular se encuentra en una situación de plena igualdad procesal respecto de la acusación particular, a los efectos del ejercicio de la acción penal, y si la acusación se puede mantener sólo en presencia de la acusación popular y en defecto de otros acusadores, obrando muy recientes ejemplos de que sí existe dicha equiparación o suficiencia de la acusación popular para ejercitar frente a un acusado, sin el respaldo de otras partes, la acción penal y mantener con ello viva la acusación.

No obstante, existen reticencias a admitir personaciones como acusación popular de una forma modelizada, consolidada o indiscriminada. De hecho, se ha establecido por la Jurisprudencia que las Administraciones Públicas no pueden personarse como acusación popular por el mero  supuesto de ostentar competencias en la materia sobre la que versa el hecho objeto de un proceso penal, sino que han de contar para ello con una Ley que de modo expreso disponga la capacidad de la Administración competente para personarse, previniendo de un modo literal la posibilidad de ejercitar por su parte la acción popular.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

La asistencia de abogado en el nuevo Juicio por delito leve

Una de las principales novedades de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo ha sido la supresión de las faltas, modalidad de ilícito penal considerado de un menor desvalor jurídico que el delito. Algunas de las antiguas faltas han sido despenalizadas, transformándose en hechos susceptibles de sanción administrativa (así, el deslucimiento de inmuebles), y otras se han integrado en el tipo de los delitos existentes respecto de aquellas acciones típicas ya contempladas en el Código Penal, recibiendo una menor penalidad (así ocurre con el hurto o con los daños, en los que la gravedad de la conducta viene determinada por la cuantificación del perjuicio causado, de modo que si este perjuicio lo es por un importe inferior a 400 euros, el delito será leve).

Desde una perspectiva procesal es muy relevante el cambio ocasionado en la norma rituaria en lo que hace a la asistencia letrada en los juicios que comienzan a celebrarse con el objeto de la posible comisión de un delito leve. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), de forma concordante con la legislación sustantiva, ha sido actualizada sustituyendo los trámites del tradicional Juicio de Faltas (que sólo continúa al día de la fecha para aquellos procedimientos que se encuentren en tramitación, de modo transitorio) por el novedoso Juicio por Delito Leve. El procedimiento resulta muy parecido, pero cuenta con una singularidad importante en cuanto a la representación y defensa.

En el anterior Juicio de Faltas, la asistencia letrada era potestativa, esto es, un derecho procesal de las partes, que podían acudir a la vista por sí mismas con los medios de prueba de que quisieran valerse y fueran por el Juez admitidos. Sin embargo, el sucesor del Juicio de Faltas, el Juicio por Delito Leve, incluye una notable salvedad. Así, el artículo 967.1 LECrim., en su redacción dada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, dispone que:

“En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del Juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del investigado se acompañará copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación”.

Como se comprueba, el precepto mantiene la impronta del anterior Juicio de Faltas, fijando la asistencia letrada como una facultad de las partes, que pueden actuar por sí solas. Sin embargo, si el delito leve por el que se sigue el Juicio tiene fijada una pena de multa que de modo objetivo llega a ser susceptible, conforme a la horquilla legal, de recibir una pena igual o superior a seis meses de multa, es decir si el marco de la pena que le corresponde llega a ese límite, la Ley remite a las reglas generales de defensa y representación, lo que significa que las partes deben comparecer a la vista con asistencia letrada.

En conclusión, debe examinarse en cada caso el delito leve por el que se sigue el Juicio según la Cédula de Citación para la vista, y comprobar su tipicidad y pena, pues con la nueva regulación procesal ya no puede afirmarse que en los Juicios por Delito Leve, a diferencia de los antiguos Juicios de Faltas, haya la posibilidad de asistir sin abogado en todo caso.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación