miércoles, 1 de abril de 2026

Heráclito: enigma y cambio constante

 

Heráclito (535 a.C. – 480 a.C.) es una figura filosófica con un nivel de relevancia tan alto como lo es lo enigmático de su vida y su obra. Nació en Éfeso y tuvo un carácter muy particular, muy difícil: era prácticamente un renegado del mundo; misántropo convencido, decepcionado con el comportamiento humano, decidió abandonar una vida acomodada, que estaba a su alcance, y convertirse en ermitaño, siendo autodidacta y expresando sus pensamientos a través de aforismos sumamente crípticos, como si se tratase de un oráculo. Pese a ello, el legado de Heráclito se extendió desde los máximos representantes de la filosofía griega hasta la misma actualidad.

Realizó su obra de una manera que parecía reservada a quienes tuvieran un conocimiento especial, el acceso a ciertas claves intelectuales que no todos podían asumir. Es por ello por lo que recibió el apodo de “El oscuro”,  y también “El filósofo que llora”, en alusión a su frustración con el ser humano, la política y las convenciones sociales. El fundamento de sus tesis filosóficas se encuentra en el concepto de la unidad de los opuestos y, sobre todo, en el cambio, en el inexorable devenir.

La realidad nace de la confrontación eterna de los contrarios. No existe, ni es concebible, un hecho y su consecuencia si previamente no se ha producido una colisión entre lo positivo y lo negativo, entre la tesis y la antítesis, entre el bien y el mal. Así, puede comprenderse que para que exista una norma penal que sancione el delito, previamente su cara opuesta, su versión negativa, el delito, debe aflorar en la realidad. El Derecho es la respuesta al caos, al mal. Todo en la naturaleza surge y se predetermina a través de esta oposición, y desde ese aparente caos surge el principio del orden, siendo, todo, un camino ya fijado por la naturaleza. Y, junto con este primer principio, está aquél que construye el pensamiento de Heráclito: el cambio.

La vida es, esencialmente, falta de fijeza, devenir constante, pese a que se piense -bajo la relativa variable tiempo- que no es así. No hay eternidad en el estado de las cosas, sino cambio perpetuo, aunque no llegue a apreciarse en ocasiones porque la propia existencia humana dura menos que el cambio mismo. El filósofo consideraba al fuego como el elemento primigenio generador de la realidad, pero no en su sentido físico, sino como un factor totalmente variable, que siempre fluctúa: nunca su llama es idéntica. Así, ni un río es siempre el mismo, porque sus aguas fluyen, ni el hombre que se baña en él es igual antes de entrar en él y al salir.

Ahora bien, pese a este cambio permanente, que define la realidad, hay un extremo, más allá de lo material o de lo visible, que dota de sentido y de coherencia al cambio. El filósofo lo denominaba Logos, palabra que tiene diversas acepciones, y que permiten incluir este término en el ámbito metafísico, en la razón o, incluso, en el componente ético.

Por ello, no puedo dejar de poner de manifiesto que, en el ámbito del Derecho, necesariamente, tiene que existir un Logos, esto es: una razón que permita el orden dentro del cambio, del caos propio de la realidad, que la construye con el tiempo.

No es de extrañar que Hegel considerase en cierta forma a Heráclito como el precedente de su filosofía dialéctica. Todos los cambios, que están naturalmente previstos, son necesarios para la configuración de la misma realidad, al igual que la colisión entre lo positivo y lo negativo, que el conflicto. El Derecho es fruto de esta dinámica, y por ello en modo alguno puede petrificarse, sino ser objeto de una continua evolución o adaptación a las circunstancias. Si la vida es cambio, el Derecho forma parte de la vida, y cambia, a su compás, siguiendo su ritmo, inexorablemente con ella. De otro modo, no sería posible considerar auténtico Derecho a un ordenamiento jurídico inmutable, porque la vida implica adaptarse a los acontecimientos, y es a través de esta adaptación como se edifica la realidad.

Ahora bien, más allá de este cambio determinante del mundo, existe un componente cohesionador que proporciona un orden dentro del devenir. Ese Logos de Heráclito, el filósofo de lo variable, es, para el Derecho, sin duda, el conjunto de principios y valores que trascienden a la norma escrita y que la justifican, al punto de ser ésta una plasmación de tales principios. La ética normativa, el denominado Derecho Natural, originado a través de la razón colectiva, es el cimiento lo suficientemente flexible que permite amoldar la norma al cambio social, pero sin perder el norte, sin eliminar la perspectiva del Derecho, que es la realización de la justicia. Si tales valores no tuvieran esa naturaleza superior y ciertamente de mayor estabilidad ante el cambio de la materia -si bien siendo susceptibles de actualizarse por medio de la razón social, pero sin perder nunca su esencia- el Derecho perdería su Logos, se sumiría en un caos permanente y no sería capaz de producir su fin último.

Creo que la metáfora del fuego que empleó Heráclito se ajusta, a la perfección, al concepto de ética normativa: el fuego, sin dejar de serlo, nunca permanece inmóvil, sino que sus llamas cambian de fuerza, de tamaño, de extensión, pero jamás dejan de dar calor y, sin esa combustión, el Derecho se congela en el tiempo, dejando, así, de ser el instrumento de la justicia.

“Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hambre y saciedad. Y muda como el fuego”

“Todas las leyes humanas se alimentan de la ley divina.”

“Lo único que es constante es el cambio.”

“Es de sabios prestar oídos no a mí, sino ("al Logos") a la palabra, y reconocer que todas las cosas son una.”

“Porque sin fuerzas de colisión no hay movimientos y no hay realidad.”

“Este mundo siempre fue, es y será fuego eternamente vivo.”




Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 



domingo, 1 de marzo de 2026

Álvaro de Bazán: corazón invicto, modelo de servicio

 

Una de las cuestiones más importantes para el correcto funcionamiento de cualquier administración reside en que sus altos cargos y servidores ostenten valores de entrega completa a la causa pública, profesionalidad y dedicación abnegada a su función, junto con la honradez en el desempeño y una cultura humanística. Pues bien, hubo en España un genuino prototipo de tal persona, que, al integrar todas aquellas virtudes, como resultado, trascendió sus propios intereses para consagrar sus fuerzas y su vida a la patria.

Don Álvaro de Bazán y Guzmán (1526-1588), excepcional marino, elevado a la categoría de Capitán General del Mar Océano por el rey Felipe II, marqués y grande de España, no conoció la derrota jamás. Invicto en todas sus gestas para gloria de su tierra, desde niño fue consciente de cuál era la vida en los galeones, y unió en su interior una profunda inteligencia estratégica con un saber humanista que le hizo ser mecenas de importantes escritores. Lope de Vega o Cervantes glosaron sus hazañas. Sus victorias se sucedieron: Lepanto, Isla Terceira, el enfrentamiento con Drake…hasta su coincidencia con otra gran leyenda como fue Don Juan de Austria, ambos unidos en batalla: Don Álvaro de Bazán bajo las órdenes de Don Juan, y éste con el asesoramiento suyo, hicieron un equipo literalmente indestructible. Dos grandes hombres que proyectaron sus vidas más allá del interés personal para salvaguardar el bien colectivo. Solo la salud puso fin al recorrido de ambos.

La personalidad del Capitán General del Mar Océano me lleva, necesariamente, a reflexionar sobre un aspecto crucial en la cosa pública, que no es otro que la necesaria virtud del hombre de Estado, y un concepto de cualificación para desempeñar con dignidad un cargo que no se limita, en absoluto, a lo estrictamente académico.

Bien es cierto que cualquier persona que es designada para ostentar una alta responsabilidad en la administración o incluso para dirigirla desde su cúspide debe contar, sin duda, con una formación y cultura amplias y humanísticas: el conocimiento de la historia, de las letras, de la filosofía, del arte, forjan un carácter sabio y prudente para dirigir un barco sin afanes personalistas y con destino a un buen puerto, sentando las bases necesarias para evitar el desvío del justo camino.

Pero esta premisa, si bien necesaria, no es suficiente.

Algo más caracterizó a Don Álvaro de Bazán; algo que le hizo merecedor de los honores que recibió, y que constituye la razón de fondo por la que su nombre se ha escrito con letras de oro en el libro de la historia de España.

Todo aquello que emprendió, con rotundo éxito, fue promovido por un impulso ético superior a él mismo. No se trataba de su propia persona, de su lucro, de sus títulos o de sus medallas. Las campañas que, una tras otra, le eran encomendadas y él asumía, las llevaba a cabo con una dedicación plena atendiendo a dos motivaciones: el absoluto respeto y lealtad al rey de España y la defensa y engrandecimiento de su patria.

No es óbice para realizar tal afirmación el que se diga que en ciertos momentos de sus gestas, Don Álvaro de Bazán tuviera presuntos desencuentros con el rey o que él no estuviera especialmente satisfecho con los medios que se le proporcionaban, de donde podían proceder esas puntuales diferencias, porque, en este aspecto en particular, primero no hay un parecer uniforme entre los historiadores, y segundo -si bien relacionado estrechamente con lo anterior- la sombra de la envidia, también entonces, como lo hace ahora, se proyecta de forma muy rápida sobre personalidades de bien.

Sí resulta un hecho indiscutible -y ello está en total conexión con la categoría personal de Don Álvaro de Bazán- que durante los muchos años que prestó servicio a Felipe II jamás hubo mácula alguna, nunca los tentáculos de la corrupción hicieron presencia en sus cometidos, como hombre honrado que fue.

Por lo tanto, cuando el delito en todas sus formas -y en especial la corrupción tratándose del ámbito público- hace acto de presencia no debemos estar única y exclusivamente a su materialización, porque ésta no deja de ser el efecto de una causa perversa y primera, que es la depredación de lo público, la carencia de escrúpulos y la podredumbre asentada en el corazón de hombres sin ética en cuyas manos, por desgracia, queda el destino de una nación, y cuya medida en contraste con la dignidad de Don Álvaro de Bazán es menor que microscópica, la propia de los microbios, que no dejan de serlo pese a que aparezcan henchidos o hinchados de sí mismos por sus cargos y sus puestos, pues la hinchazón no es grandeza, sino enfermedad, como diría San Agustín de Hipona. 


El fiero turco en Lepanto,

en la Tercera el francés,

y en todo mar el inglés,

tuvieron de verme espanto.

 

Rey servido y patria honrada

dirán mejor quién he sido

por la cruz de mi apellido

y con la cruz de mi espada.

 

                                                                               Lope de Vega a Álvaro de Bazán





Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 


domingo, 1 de febrero de 2026

José Echegaray: más allá de las matemáticas

 

José Echegaray (1832-1916) fue uno de esos personajes de la historia de España que plasmó con brillantez la necesidad de entender el conocimiento, el saber, de un modo pleno, trascendiendo la especialización. Y también, pero ya por razones externas a su persona, evidenció uno de los eternos vicios del ser humano, al que más adelante me referiré.

Echegaray fue, en su base intelectual, un científico, ingeniero de caminos y profesor de matemáticas, geometría, física, entre otras disciplinas. Esto es relevante al tratarse de una persona que pasó a desempeñar cargos políticos durante el denominado Sexenio Revolucionario, como Director General de Obras Públicas y posteriormente como Ministro de Fomento y de Hacienda. A ello unió su inquietud literaria, junto con una enorme capacidad de trabajo, que fructificó en una prolífica obra escrita, en especial en la faceta de dramaturgo, hasta conseguir el Premio Nobel de Literatura en el año 1904.

Dentro de sus intervenciones parlamentarias, en las que se ponía de manifiesto la categoría intelectual de Echegaray -irrepetible y, por desgracia, después de más de un siglo, sin nadie que consiga hacerle siquiera sombra- tiene una especial trascendencia un debate celebrado el día 5 de mayo de 1869, sobre el proyecto de Constitución revolucionaria, y en particular en cuanto a la cuestión religiosa. Llama poderosamente la atención que la disertación de un hombre de ciencia se fundamente en aspectos meta-normativos, asentados en el ámbito moral, en el derecho natural como principio estructural de aquellos valores primordiales, inmutables y eternos que justifican la existencia de las normas jurídico-positivas como instrumento de defensa y reconocimiento de tales principios. Y esta consideración proviene de un intelectual de la ciencia, por lo tanto, de un empirista o, si se quiere, de un positivista en términos jurídicos. El enlace entre el derecho natural y el derecho positivo, para Echegaray, tiene el rigor de la geometría, de la matemática. Detrás de la ciencia, detrás de la ley, algo más y mucho más relevante justifica la materialización de las normas de una y otra índole:

“(…) la revolución ha proclamado los derechos individuales como derechos superiores a la ley, como derechos superiores al legislador, como derechos superiores a la voluntad de una Cámara, como derechos que no pueden estar al azar de una votación, como derechos que vienen de lo íntimo de la naturaleza humana, que se fundan en las grandes leyes, en las leyes trascendentales que rigen a la sociedad (…)”

Por lo tanto, la razón humana libre -en palabras de un científico-, sin ningún tipo de encorsetamiento dogmático, sin censura, es el fundamento de la creación de esos valores y principios éticos sobre los que las leyes han de edificarse, siendo, a sensu contrario, una ley absolutamente monstruosa, un mero artefacto al servicio del poder adoctrinador de turno, aquella que no permita que desde la razón emanen tales valores esenciales. Estamos, pues, en presencia de un iusnaturalismo racionalista:

“El pensamiento no puede estar encerrado dentro de fórmulas teológicas; el pensamiento necesita espacio, necesita libertad, necesita atmósfera, necesita extenderse, necesita grandes hipótesis, necesita grandes tentativas, grandes equivocaciones a veces; pero necesita equivocarse de esta manera para alcanzar con enérgica fuerza, con fuerza propia, la verdad en la ciencia, la verdad en la filosofía, la verdad en la metafísica. El pensamiento encerrado en moldes teológicos o se ahoga, o en ellos muere por asfixia, o los rompe y estalla: por fortuna la historia nos dice que siempre los ha roto.”

Y consuma Echegaray su intervención con unas palabras que subliman la unión del conocimiento, el entrelazamiento de ciencia y filosofía, de matemática y religión, de convivencia armoniosa y racional del saber, acertando de pleno:

“La ciencia ama la religión, solo que la ama a su manera: no se encierra en ella, no se ahoga en ella; es como el águila, que ama las montañas, que pasa de unas a otras, que se posa un momento en la más elevada, pero que después tiende su vuelo, sube a las nubes, se pierde en el espacio, y las montañas ahí se quedan, colosales.”

Una manifestación metafórica, de corte literario, propia de un Premio Nobel. Cuánto se echan de menos estas intervenciones, hoy imposibles. En aquel momento, cuando la pronunció, según consta en el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, todos los diputados aplaudieron a Echegaray, dando muestra de altura intelectual.

Una nobleza de ánimo que, no obstante, en su época tampoco fue la regla general, ni mucho menos, y en eso enlazamos ya con el presente: hubo intelectuales -algunos con cierto renombre entonces y ahora- que, en cuanto conocieron el fallo de la Academia Sueca, ardieron de una manera incontenible, no limitándose a la tan propia expresión de ese conocido mal patrio como es el mirar y callar -en silencios que hablan por sí solos, más bien gritan- sino que excretaron todo tipo de improperios, incluso públicamente, en una clara muestra del sentimiento carcomiente que habría, sin duda, dado lugar a que todos ellos fueran un gran modelo para el pintor francés Théodore Géricault cuando plasmó en el lienzo llamado la monomanía de la envidia a ésta como una mujer de torva y enrojecida mirada que aprieta los labios con rabia simulando -forzando- una sonrisa mientras observa de perfil.

“Con raras excepciones, más he sido un espectador interesado en la tragicomedia de la cosa pública, que un actor que se inspira en su papel” 

“La gratitud es crimen cuando ataja el camino a la justicia.

“Las matemáticas forman una salsa que viene bien a todos los guisos del espíritu. Armonizan con la música y el arte en general.”

“¡La belleza! Lo que es no lo sabemos por ahora con certidumbre matemática; quizá no lo sepamos nunca. Pero la belleza es algo que existe, que palpita en la naturaleza, y que, así como la ola que llega a la playa rompe en espuma…”




Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 



jueves, 1 de enero de 2026

John Rawls: la neoutopía de la Justicia

 

John Rawls (1921-2002), filósofo norteamericano, es célebre por sus planteamientos en materia jurídica y política, siendo uno de los nombres más relevantes en la Filosofía del Derecho de los tiempos recientes. Las ideas de Rawls tenían indiscutiblemente por objeto llegar a una justicia verdadera, que no podía entender desligada de las premisas de la objetividad y de la igualdad.

El punto de partida es la libertad de cada ciudadano para entender que, dentro de un pacto entre todos -atendiendo a que aquello que un ciudadano se compromete a realizar, mutuamente, será objeto de cumplimiento por su semejante- es posible llegar a una fórmula de convivencia pacífica, de base contractualista: un gran acuerdo social que habilite la vida colectiva. Pero la dificultad para que tal acuerdo llegue a ser efectivo se encuentra en un punto esencial: la desigualdad.

Unas diferencias sociales de todo tipo, tanto económicas, como morales, o incluso raciales (que el filósofo atestiguó como docente en Harvard) que, en la práctica, dinamitaban el concepto de justicia auténtica, en tanto que ecuánime y objetiva.

Rawls no afirma que haya de despojarse al sistema jurídico de un componente ético. Ahora bien: la moralidad detrás de las normas, que permita crear un sistema de justicia que cristalice en la equidad social, pasa por la construcción de un modelo de moralidad que trascienda lo individual para llegar a lo colectivo.

En esta búsqueda de una realidad práctica de justicia, Rawls llevó la teoría clásica del contrato social a un nuevo nivel, a un plano meta-normativo, creando la tesis del denominado “velo de ignorancia”, que supone posicionar a cada ciudadano en la situación de mayor objetividad posible, que se deriva de no saber qué lugar concreto va a ocupar en la relación que se trabe con su semejante, esto es: si en esa hipotética relación será la parte con más derechos que obligaciones, o viceversa; si será rico o pobre; si será hombre o mujer; o si será cristiano o musulmán, por ejemplo. No podrá saber de partida si en esa relación contractual ostentará un dominio o por el contrario quedará desequilibrado frente a su semejante. En tal situación, todos los ciudadanos elevarán a la categoría de principios o valores una serie de extremos mínimos en los que no existan posibilidades de desacuerdo, y que sean lo más garantistas posibles, ante el temor de que, en la práctica, sea la posición desfavorable la que finalmente ocupen.

Una abstracción que lleva a la conformación de una ética colectiva para fundamentar los ordenamientos jurídicos de cara a la obtención de una justicia auténtica, caracterizada por su ecuanimidad. Las normas jurídicas que entonces se elaboren se basarán en estos principios morales indiscutibles y compartidos, como elemento crucial para la resolución de controversias de forma justa.

Este planteamiento tiene un fuerte paralelismo con las tesis ilustradas de la conformación de los derechos fundamentales, a través de una razón colectiva que extrae todo aquello en lo que cada ciudadano -pese a sus diferencias culturales o económicas- está de acuerdo, aproximándose a un iusmoralismo de corte racionalista, si bien añadiendo un factor, sin duda, inteligente: privar a los ciudadanos de sus circunstancias de partida, de sus condicionantes de inicio y, desde ahí, preguntarles qué querrían para ellos si no supieran qué lugar ocuparían en la sociedad, siendo factible que fuera en unas condiciones muy desfavorables.

Los principios que así se obtienen se derivan a la legislación positiva y a las instituciones públicas, como garantes de su cumplimiento, y a la vez las justifican, ya que toda institución o poder político legitimado a través de sistemas democráticos de elección tendrá por fin asegurar que esas reglas del juego social son efectivas en la realidad.

Es cierto que, con estas variables, podría conseguirse un modelo de convivencia con un marco de normas rectoras muy aproximado al concepto integral de justicia. Ahora bien, desde mi punto de vista, este planteamiento adolece de cierta ingenuidad, pues, si bien la teoría resulta defendible, la practicidad de la misma es más que cuestionable, al necesitar, nada menos, hacer tabula rasa en las conciencias de cada ciudadano, privarle de la sedimentación que supone su propia vida, la acumulación de sus experiencias, y, por qué no, idealizar en buena medida también a la condición humana, al entender que cada persona puede ser capaz de prescindir de su lado oscuro: de sus fobias, rencores, odios y equivocaciones.

¿El velo de ignorancia es concebible en la práctica o más bien habría de hablarse de un velo de irrealidad? ¿Es posible, en fin, eliminar el prejuicio en la sociedad? La respuesta sincera a estas cuestiones nos llevará a confirmar si las teóricamente acertadas tesis de Rawls entran en el terreno de lo factible o se aproximan, en cambio, a una versión contemporánea de aquella obra del santo inglés que se tituló Utopía.

 “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.”

“Una sociedad justa es aquella en la que las instituciones están diseñadas para beneficiar a todos, independientemente de su posición social inicial.”

“La justicia como equidad implica la idea de que las personas deben elegir los principios de justicia en una posición original de igualdad, sin saber como les afectarán personalmente.”

“Si usted no supiera como le va a tratar el azar, ¿en qué tipo de sociedad le gustaría vivir?

 


Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación