El adiós de Alejandro

La muerte de Alejandro Magno poco antes de cumplir los treinta y tres años, al margen de la incertidumbre de su concreta causa, muy posiblemente ubicada en un acto de conjura perpetrado por uno de los suyos, vino precedida de un deseo expresado por el joven emperador educado por Aristóteles y que merece perdurar, ya que constata una faceta relevante de su personalidad.

Siendo preguntado cómo quería que se celebrasen sus pompas fúnebres, Alejandro dijo que éstas deberían desarrollarse de la siguiente manera: su cuerpo sería llevado a hombros por los mejores médicos del Imperio, a través de un camino en el que todas las riquezas obtenidas durante las conquistas habrían de estar esparcidas por el suelo, y sus manos desnudas deberían estar abiertas cayendo sus brazos de una forma natural mientras fuera llevado a su definitivo lugar de descanso.

Tal respuesta, impropia de quien era el personaje más influyente del mundo antiguo, generó la necesidad de interpelar al emperador sobre las razones de querer ser honrado de semejante forma. Y Alejandro contestó aclarando la razón de ser de lo que deseaba: habría de ser portado su cadáver por los mejores médicos porque ante la inexorable muerte la ciencia humana no puede ofrecer cura alguna; las riquezas imperiales arrojadas en el suelo a su paso, por cuanto éstas pertenecen a la materia y con ella quedan; sus manos abiertas agitadas por su propio peso y a la vista de todos, ya que así el hombre viene a este mundo y así parte del mismo, con sus manos vacías.

                          

                                               

                                              Música: Becoming a legend. John Dreamer.

El emparedado de Gordaliza del Pino y los dragones de Robledo de Chavela

Las iglesias son lugares reservados al culto cristiano, pero no resulta infrecuente que contengan secretos en sus muros, conservados a través de los siglos tras capas de pintura e historia, ocultos a la vista y que una vez a la luz del presente, generan sorpresa, inquietud y preguntas respecto de su razón de ser, no siempre resueltas de una forma íntegra, lo que abunda en el misterio de su existencia.

En la localidad leonesa de Gordaliza del Pino, con ocasión de la restauración de un retablo de la Iglesia de Santa María de Arbás, siendo separado éste de la pared que durante tiempo inmemorial le había servido de apoyo, surgió la figura de un caballero medieval que tras siglos dormido, comenzó a abrir los ojos a la realidad del siglo XXI. La inaudita aparición de la imponente figura vino acompañada de un esbozo de inscripción en letra gótica que tras la capa de más reciente pintura parecía revelar la identidad del caballero cubriendo una importante extensión del muro oculto.

Aparición del caballero (Fuente: Diario de León)

Las pesquisas sobre el hallazgo comenzaron al mismo tiempo que los trabajos de restauración, en el afán de tratar de saber la identidad del sorprendente caballero medieval cuya impronta se consideró debía perdurar por los siglos en los muros sacros, así como la razón por la que se mantuvo oculto tras una capa de pintura y un retablo. La finura de sus rasgos llevó a pensar incluso que no se trataba de un caballero varón, sino de una mujer. Se apuntó la posibilidad de que tras la efigie, o bajo sus pies, el representado se encontrara descansando eternamente: podría tratarse de un enterramiento.

El rostro del caballero (Fuente: Templete de León Este)

Una vez finalizados los trabajos de restauración, se hallaron a sus pies, en efecto, los restos del caballero. La traducción de las palabras góticas llevó a identificarlo como el hijo más joven del Conde Ansúrez, quien ostentaba las facultades de poder sobre la localidad leonesa por concesión del Rey, y que falleció en una batalla contra los moros. Es posible que los padres del caballero quisieran que su valeroso hijo descansara bajo la protección de la fe que defendió en batalla y lo hiciera además custodiado con la siguiente advertencia que se contiene en la otrora oculta inscripción: "mandaron que cualquiera que quebrantase su descanso fuera maldito, excomulgado y condenado como lo fue Judas el traidor".

El caballero oculto plenamente restaurado (Fuente: León Olvidado)

La localidad madrileña de Robledo de Chavela guarda en su iglesia parroquial un secreto también oculto durante siglos y cuya revelación ha motivado incertidumbre sobre su significado al ubicarse en un recinto eclesiástico. Las tareas de restauración del templo, concretamente en sus bóvedas, han conllevado al hallazgo de decenas de dragones apostados a horcajadas entre las nervaduras góticas. No se trata de un fresco aislado, sino de una composición predominante en el techo de la iglesia, y de nuevo escondida bajo una capa de cal.

Los dragones de las bóvedas (Fuente: El País)

En el simbolismo medieval el dragón representa, de forma indiscutible, el mal y el advenimiento de desgracias. En consecuencia, la proliferación de estas referencias a la bestia en terreno sagrado no cuenta con una explicación cerrada y concluyente, más allá de la que se ha ofrecido, que versa sobre el reflejo de las penurias de la sociedad de entonces derivadas de las guerras locales. Una explicación tan endeble como la razón por la que estos símbolos fueron cubiertos con cal: una medida de índole sanitaria ante la peste, pues la población acudía a la iglesia en busca de refugio; no obstante tal capa de cal se habría dado en el siglo XVIII. Quizá la razón de su ocultación se residenció realmente en evitar el temor de los fieles al mirar hacia arriba y encontrarse con una imagen improcedente y reveladora de algo oscuro. Uno de los elementos de la puerta de acceso al templo siempre ha advertido a quien se adentraba en su interior de lo que allí se encontraba, y que en recientes fechas ha vuelto a ver la luz.

   

Pasamanos de la Iglesia de Robledo de Chavela

Todos estos descubrimientos avalan la circunstancia de que las obras de arte responden a una finalidad precisa más allá de su componente estético, y que ésta, en múltiples ocasiones, no quiere ser revelada, toda vez que muestra una realidad diferente de la que se trata de ofrecer.

El agente encubierto en internet: la persecución del cibercrimen en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) es una de las normas jurídicas españolas vigentes de mayor antigüedad. Se trata de un texto decimonónico que ha sido objeto de múltiples reformas, en la necesidad de adecuar su inicial contenido a situaciones sociales que en el año 1.882 sólo podían ser concebidas desde una perspectiva verniana y que al día de la fecha ya forman parte de la realidad, e incluso son un elemento configurador de ésta: así acontece con internet.

Internet es un campo de actividad humana, y en consecuencia susceptible de albergar conductas negativas, de naturaleza antijurídica, delitos que cuentan con el factor de la opacidad o el anonimato, propiciados por la tecnología, para facilitar su comisión.

La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica ha introducido en la norma rectora del proceso penal abundantes medidas de investigación de la ciberdelincuencia, destacando entre ellas el establecimiento de la figura del agente policial encubierto en internet. A tal efecto, el nuevo artículo 282, apartados 6 y 7 LECrim. dispone lo siguiente:

“6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a.

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.

7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.”

La Ley introduce con carácter específico para internet la actuación policial encubierta. Esta intervención requiere, en todo caso, la autorización judicial expresa para ello por medio de resolución (Auto) a tal efecto. La actuación del agente encubierto ha de circunscribirse a la investigación de un concreto catálogo de delitos: delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos; delito de secuestro de personas; delitos relativos a la prostitución; delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial; delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada; delito de tráfico de material nuclear y radiactivo; delitos contra la salud pública; delitos de falsificación de moneda, de tarjetas de crédito/débito o de cheques de viaje; delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos; delitos de terrorismo; y delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

A todos ellos deben añadirse aquellos delitos que, con carácter general, tengan carácter doloso, lleven aparejada una pena con un límite máximo de al menos 3 años de prisión, y los cometidos en el ámbito de una organización criminal o terrorista.

La duración de la actividad de interceptación de las comunicaciones, una vez autorizada judicialmente y tratándose de alguno de los delitos especificados, no podrá superar los tres meses.

El apartado 6 prevé asimismo la posible intervención policial encubierta en las redes de intercambio de archivos (p2p), consistente en la posibilidad de emplear archivos de contenido ilícito de forma justificada para obtener la identidad de su destinatario, quien los reclamaría en este tipo de redes. La resolución judicial habrá de ser de nuevo motivada y específica, esto es, deberá conceder la autorización detallada para este tipo de intervención policial, con invocación del precepto y del ámbito de su operatividad. Tal actividad en redes p2p permitirá el examen de los algoritmos, es decir, de las operaciones matemático-electrónicas que puedan identificar las rutas de los ciberdelincuentes en las redes, sus protocolos o pautas de actuación y la naturaleza del material objeto de los intercambios.

En fin, el artículo 282 apartado 7 dispone la posibilidad de grabar las conversaciones y emplear las imágenes que se puedan obtener en aquellos encuentros personales que sean mantenidos entre el agente bajo identidad supuesta y el interesado en concertar la cita, constituyéndose así en un indicio decisivo en la instrucción o en una prueba plena de cargo en el Juicio Oral, al contar con justificación judicial y cobertura legal plenas en su obtención y utilización.

Esta importante forma de lucha contra la delincuencia, complementada con otras de trascendencia equivalente, tales como la posibilidad de implantar troyanos (spyware) en los equipos del sujeto activo del delito implican la voluntad del legislador de atender al sino de los tiempos y a la mayor protección posible de los bienes jurídicos de la sociedad, no sin ello dejar de realizar una ponderación entre el acometimiento de estas invasivas intervenciones con los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, que han de ser atemperados siguiendo la máxima kantiana conforme a la cual cualquier derecho cuenta con el límite del respeto a los derechos ajenos, de modo que la protección y salvaguarda esencial de éstos justifica y legitima, en los términos dispuestos por la ley y con intervención judicial, la adopción de las referidas medidas en el mundo cibernético.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

Caballero negro

A mediados del siglo XII una sangrienta contienda enfrentaba a dos reinos limítrofes. El rey de uno de ellos planeó asesinar a su homólogo del territorio vecino, y con tal fin encomendó al caballero Alastor llevar a cabo el magnicidio.

Este caballero expresó su lealtad al rey, pero condicionó el crimen a que, una vez dentro de las fronteras del reino rival, fuera testigo de la opresión a que se encontraran sometidos los súbditos de ese reino con el que se rivalizaba.

Planificada la incursión, el caballero se infiltró en el interior del reino atravesando sus fortificaciones. En el camino, pudo ver a personas fallecidas en las sendas, a niños llorando, a mujeres humilladas, los terrenos yermos y quemados. Haciéndose pasar por uno de los guardias reales, consiguió acceder a las dependencias privadas del monarca, y allí, estando el rey dormido, cumplió su cometido y lo degolló.

Inmediatamente comenzó la huida del lugar, atravesando las zonas subterráneas del palacio real, en las que encontró a un fraile duramente torturado y encadenado a los muros de una celda. Alastor consiguió romper las cadenas y cargó al anciano monje a su espalda, lo que ralentizó su escapatoria.

Cuando estaba saliendo de los confines del reino, fue alcanzado por las flechas de los vigías, hiriéndole mortalmente. 

En los estertores de su vida, solicitó del fraile que antes de escapar lo bendijera, y éste, agradecido, así lo hizo. Alastor se apoyó en uno de los árboles que encontró y esperó la muerte.

Mientras la sangre abandonaba su cuerpo, Satanás apareció entre la oscuridad. "He venido por tu alma. Los crímenes que has realizado merecen que no veas la luz y me acompañes al que es tu lugar".

En el momento en que Lucifer se disponía a tomar para sí el espíritu de Alastor, un haz luminiscente atravesó desde las alturas las ramas del árbol materializándose el Arcángel San Miguel. "Serpiente, aléjate de Alastor si no quieres sentir las llamas sagradas de mi espada que ya conoces. Este caballero es un pecador, ha hecho grandes males, pero también ha sacrificado su vida por intereses superiores al suyo propio. Ha sido perdonado y tiene que estar en presencia de Dios".

En la discusión por el destino final del caballero, se hizo un silencio pleno.

Una tercera presencia compareció en el juicio que se celebraba. A partir de un manto que parecía arrastrado por el viento se configuró un ser carente de rostro, a cuyo través se vislumbraba una oscuridad objetiva, un infinito atemporal. "Soy el conocido como Ente Separador. Alastor no os pertenece a ninguno de los dos. Ha hecho tanto mal como bien. Se encuentra en el punto exacto de equilibrio y no ha de ser atribuido a ninguno de los planos morales,pues en caso contrario se quebrantaría la estabilidad de todas las realidades".

Luz y oscuridad entonces se alejaron, dejando al caballero a solas con el Ente Separador. "A partir de este día no vivirás ni morirás. Tu humana condición, tu predisposición tanto para el mal como para el bien, ha dispuesto que quedes sujeto a la materialidad de un modo infinito. Eres inmortal, Alastor. En tu decisión queda encomendar tu tiempo a la luz o a la oscuridad; todo lo que hagas no tendrá repercusión ni para tí ni para el resto de la humanidad. Estás aislado y todas las decisiones que tomes y los hechos que tengan lugar por tus actos no serán significativos ni trascenderán. Estás al margen del mundo".

Tomando la identidad de un caballero negro, Alastor ha sido desde entonces testigo del devenir de los acontecimientos, y se cuenta que, tal y como ocurrió antes de hacerse uno con la eternidad, cada vez que el jinete oscuro es visto en el campo de batalla, ésta siempre concluye de un modo justo.

El Derecho ante el fenómeno de la guerra

Aunque Derecho y guerra parezcan conceptos opuestos entre sí, pues no existe un acto de mayor inhumanidad que el bélico, cierto es que, por desgracia, la guerra constituye una realidad en la vida del hombre, y como tal, la disciplina jurídica ha de entrar en ella, regulando su surgimiento y el devenir de los acontecimientos que se dan en su curso, con la finalidad de limitar, en la medida de lo posible, la atrocidad que lleva implícita.

Han de distinguirse dos grandes acepciones que presenta el Derecho Internacional Público en lo que refiere al conflicto bélico. En primer lugar, el denominado Derecho para la guerra o de la limitación del uso de la fuerza (ius ad bellum) es aquel conjunto de normas que articulan la restricción del recurso a la guerra ante actos de agresión a la población de un Estado. La Carta de las Naciones Unidas establece un principio general de abstención del recurso a la guerra; no obstante, también dispone la excepción fundamental de la legítima defensa ante los actos de agresión para emprender un conflicto armado, contando en tal caso con el respaldo de la comunidad internacional a través de la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos actos de respuesta armada deben ostentar las premisas o requisitos que todos los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado prevén para la defensa propia y así poder ser considerados ajustados a Derecho: proporcionalidad, legitimidad, causa justa, recta intención, esperanza de éxito y ultima ratio, ésto es, constituir el recurso final tras los infructuosos medios diplomáticos.

En segundo lugar, el Derecho en la guerra, las reglas de la guerra o Derecho Internacional Humanitario (ius in bello) tiene su aplicación en el momento temporal preciso que se abre con la declaración formal de inicio de las actuaciones armadas en respuesta al acto de agresión. Trata de establecer unos mínimos de respeto, un encuadre básico al que no alcance la operativa armada, fundamentalmente la vida de la población, la seguridad y la asistencia a las víctimas, disponiendo medios de contención y lugares neutrales. Las Convenciones de Ginebra constituyen el fundamental marco normativo regulador de estos protocolos de salvaguarda ante el conflicto armado.

Ambas acepciones tuvieron su incipiente origen en algunos tratados medievales, si bien la plasmación efectiva del Derecho ante el fenómeno de la guerra se produjo recientemente, a mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se materializaron los instrumentos de represión penal ante actos que socavaban el Derecho Internacional Humanitario o instrumentalizaban la guerra, tergiversando su causa legítima, para incurrir en delitos de lesa humanidad (fue el caso del enjuiciamiento específico de los genocidios de Ruanda y de Yugoslavia, con el precedente de Nüremberg).

La actualidad ha vuelto a posicionar a esta rama del Derecho en la consideración de los Estados ante problemas de alcance mundial que amenazan a la población y plasman en la realidad, desgraciadamente, la urgencia en la aplicación de los principios tanto ius ad bellum como del ius in bello. Un conjunto de normas que al día de la fecha está siendo puesto a prueba, resultando imprescindible que en el escenario dantesco para el que estas reglas surgieron, pueda brillar su plena eficacia material y así también la civilización que refleja el Derecho, en la esperanza de que sea éste el que prevalezca con carácter definitivo, no como una mera entelequia formal o como una rosa en el desierto.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

Filosofía y Derecho (II): ¿qué es el positivismo jurídico?

Expuestos, en un anterior artículo, los fundamentos del iusnaturalismo, corresponde entrar en la segunda corriente de pensamiento referente al Derecho y a la razón de la obligatoriedad de las normas jurídicas. Esta segunda posición iusfilosófica se denomina positivismo jurídico, y tradicionalmente se ha considerado opuesta a la anterior, en una suerte de némesis respecto de los postulados más significativos del Derecho Natural.

Para el positivismo jurídico, la norma tiene su fundamento de obligatoriedad, de una forma intrínseca, en el procedimiento de tramitación y aprobación de la misma, que a su vez determina otra norma jurídica válida y eficaz, porque ésta también ha sido objeto de un iter legalmente contemplado; y de forma extrínseca, en la fuente del poder legislativo, enmarcada en el Estado o en aquellos ámbitos competenciales que reciben sus atribuciones por la norma de superior jerarquía en el sistema de fuentes. Así, y sin perjuicio de los múltiples matices que esta corriente de pensamiento ostenta, para el iuspositivismo el ordenamiento jurídico se presenta como un sistema autocompletado e interconectado donde unas normas otorgan validez a las otras, con un fundamento no ubicado en postulados morales, metafísicos o trascendentales, sino en los principios de jerarquía normativa, competencia o especialidad.

Con estas premisas, el positivismo jurídico trata de separar de forma categórica la moral del Derecho, pues éste es legítimo y obligatorio por sí mismo, por su impronta y sistematicidad, a modo de maquinaria autosuficiente. No obstante, no debe dejar de referirse que, aun cuando se pretende despojar al Derecho de influencias metafísicas, el razonamiento más esencial de esta línea de pensamiento llega a un límite, pues existe, por definición, un momento en que cierta norma no puede recibir su fundamento de validez de otra, al encontrarse en la cúspide del sistema. Respecto de esta última norma jurídica (como pudiera ser la Constitución o las normas del Derecho Internacional Público), su razón de legitimidad no se encuentra en el sistema, sino en un concepto ajeno al Derecho Positivo y que los principales exponentes de esta teoría tratan de objetivar en denominaciones como la de “Norma Fundamental” o como un principio inmanente e inspirador de la automaticidad del sistema, pero en ningún caso identificable con una norma jurídica en concreto.

Así pues, aunque el positivismo jurídico presenta el Derecho de una manera objetiva y completa, no puede prescindir de elementos que trascienden a la norma escrita, que resultan además decisivos en la argumentación que sustenta la validez y la obligatoriedad de la integridad del sistema, motivo por el que esta corriente de pensamiento se ha enfrentado a críticas abundantes, encontrándose en la actualidad posiciones referentes al positivismo jurídico más flexibles con los presupuestos de sintonía o conexión entre la Ética y el Derecho, habida cuenta de que, llegado a ciertos extremos operativos, el sistema jurídico ha de entenderse fundamentado en su legitimidad mediante el recurso a principios que lo trascienden y se ubican en campos no jurídicos por definición, aunque siempre vinculados a atender las necesidades y problemas de la humanidad.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

       

León, corazón del Derecho Parlamentario

Que el moderno sistema parlamentario se originó en tierras británicas es una consideración generalizada en el foro del Derecho Público, pero en una muy importante medida limitada e incluso errónea, pues si bien es cierto que la contribución al parlamentarismo por parte de Inglaterra ha sido importante, en absoluto puede considerarse la génesis misma del régimen asambleario como forma política de dirigir el destino de las naciones. 

Con bastante anterioridad a que el rey inglés Juan Sin Tierra convocara a todos los estamentos para, no ya obtener soluciones consensuadas, sino con el objeto de garantizarse de manera artificiosa la continuidad en el trono ante los envites de nobleza y clero, cediendo una parte notable de su poder a cambio de mantener su reinado, en León (antiguo reino del norte de España) un brillante monarca, Alfonso IX, convocó en el año 1.188 una asamblea conformada por todos los representantes de la sociedad de entonces y en ella, con motivo de regularizar el estado económico del reino, se llegó a un verdadero y genuino acuerdo, en igualdad de calidad de todos los presentes, al que el propio rey se sometió. Con ello, de aquella reunión solemne celebrada en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, surgió la base del Derecho Parlamentario: los presupuestos, la economía, como motivo principal o razón de ser de las reuniones, y la necesidad de que los frutos del debate fueran obra del consenso y no de la imposición. El texto que recogió estos hitos recibió el nombre de Decreta, y ha sido incluido en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO como la manifestación primigenia y auténtica del sistema parlamentarista. 

Así pues, ha de concluirse que en todos los debates que se celebran en sede parlamentaria, desde el correspondiente al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, de donde surgió el sistema parlamentarista, hasta cualquier trámite reglamentario que procede en Derecho para la aprobación de un texto normativo; desde las Cortes Generales del Estado hasta todas las Asambleas Autonómicas, el corazón del antiguo reino de León sigue latiendo bajo el primer y fundamental impulso inspirador de progreso asentado por Alfonso IX.

Enlace al artículo publicado en Diario Jurídico: https://www.diariojuridico.com/la-cuna-del-parlamentarismo/?fbclid=IwAR0kZTtMir-zk7m3LQwf2Q8sTX32UBcGg2gqpjh9q-YvgPD6lhM6iJOq168

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid y

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación